Volvieron a salir a la prensa los pentarcas de la Sala Constitucional a propósito de los cuestionamientos renovados y aumentados a su voto 2003-2771 —«fallo de compadre hablado», lo bautizó el Magisterio Eclesiástico en el Eco Católico— y las derivaciones relativas a la legitimidad democrática que comienzan a aparecer. Esta vez los cinco de la cuarta lograron la solidaridad de sus otros dos colegas magistrados, «en defensa del buen nombre de la Sala Constitucional, ganado a lo largo de sus 16 años de intensa labor» (La Nación, 4.5.05). Ciertamente el señorío del Poder Judicial, la estimación de la Sala IV y la nombradía de sus magistrados están más allá del punto de controversia. Aunque su ánimo es «no polemizar con nadie» y poner término a su «intervención pública» sobre el asunto, resulta necesario y justo apostillar el comunicado pentárquico.

El tribunal de la opinión pública. Nombrados en elección de segundo grado, los magistrados son funcionarios públicos, «simples depositarios de la autoridad» y, por tanto, sometidos a «evaluación de resultados y rendición de cuentas» (artículo 11 constitucional). En modo alguno ellos y sus actos están exentos del juicio del poder crítico —ácido a veces— ejercido a través de la prensa independiente. «No somos sino servidores del país», deslindó don Diego Medina, presidente del Tribunal Supremo de España, en el prólogo a Elogio de los jueces escrito por un abogado de Piero Calamandrei, y puntualizó: «Nada sin la opinión pública tiene fuerza de soberanía».

El tribunal de los ciudadanos. Bien enmarcan los pentarcas su reiterada salida a la prensa «en las puertas de un proceso electoral», porque –en opinión del Dr. Mauro Murillo– «la decisión de la Sala no fue jurídica». El abogado y académico don Alberto F. Cañas escribe: «Algunos grupos predominantemente sindicales creen, como el ex Presidente Monge, don Alfonso Carro y en tan magnífica compañía este servidor de ustedes [egregios octogenarios los tres], que unos magistrados de la Sala Cuarta dieron un golpe de estado cuando decidieron reformar la Constitución Política y favorecer las ambiciones que ustedes conocen» (La República, 4.5.05). El juicio de los ciudadanos sobre el acto de los pentarcas y su aprovechamiento electoral inmediato será inevitable en las votaciones de febrero próximo, según planteo del ex Presidente Monge: «Ha crecido y va a crecer aún más… la toma de conciencia… sobre este sigiloso y corrupto golpe de estado. Que Dios ilumine a nuestro pueblo a fin de que encuentre una vía pacífica para el retorno al orden constitucional… No deseo que se confirme, con grandes dolores para la patria, el viejo adagio ‘Quien siembra vientos, cosecha tempestades’.» (La Nación, 3.5.05).

El juicio final. A la larga, los pentarcas serán objeto del inexorable juicio de la Historia. Aquel tribunal estricto recogerá el voto 2000-7818 por el cual la Sala Constitucional declaró sin lugar las acciones contra el artículo 132 constitucional –aún vigente– que prohíbe la reelección presidencial, así como el voto 2003-2771 que alentó inseguridad jurídica al reabrir una causa ya juzgada y dictó el impugnado fallo que afecta directamente la institucionalidad democrática y el sistema político. El tribunal de la Historia se sustentará también en razones como las del maestro de juristas Dr. don Alfonso Carro Zúñiga: «Admitir que un tribunal pudiera reformar la Constitución sería encubrir un atentado funesto contra la ley fundamental de la República y subvertir el orden jurídico… Nadie puede usurpar impunemente la voluntad popular… Ningún tribunal tiene ni un cinco de potestad para enmendar la Constitución: intentarlo equivaldría a un golpe de estado, no por la fuerza de las armas, sino por el trastoque institucional» (La Nación, 29.4.05).

Glosas más. Los pentarcas pisan arenas movedizas cuando intentan acotar el campo de opinión «recomendado» por ellos a los actores políticos: ¿y si entre los proyectos para «un mejor futuro de las instituciones» estuviese la reforma a la Constitución y la ley de Jurisdicción Constitucional a partir de las demasías de su voto 2003-2771? Niegan haber reformado la Constitución mas ¿acaso lo confesarían por la prensa? Citan a don César Crisóstomo Barrientos, autor de Poder judicial y estado de derecho, tocante a la imperturbabilidad del «juez sabio»: ¿pretendería alguien influir a los costarricenses sobre la sabiduría de los cinco de la cuarta en el fallo contradicho? ¿Con base en cuál precepto sale una de las salas que componen la Corte Suprema a exponerse como persona institucional, en vez de usar los mecanismos de comunicación del Poder Judicial? Tras la demanda pentárquica de razones y criterios jurídicos fundados contra su fallo, ¿quién o quiénes de los cinco atenderán los conceptos técnicos contenidos en sesudos ensayos como los de don Mauro o del Dr. Fernando Castillo Víquez?

Legalidad y legitimidad. Las elecciones limpias legalizan el traspaso de la titularidad del mando en el Poder Ejecutivo. La legitimidad debe conquistarse día con día a objeto de asegurar la obediencia sin necesidad del recurso a la fuerza. Un mandato esmirriado, sacado a duras penas de las urnas, apoyado en una fracción minoritaria del electorado y encabezado por un político «ilegítimo y espurio», producirá ingobernabilidad y pérdidas enormes a la agricultura, la industria, el comercio y las finanzas.

Si en algo están contestes las encuestas de Borge & Asociados, CID-Gallup, Demoscopía y Unimer es que, como las aguas de la mar océana, el electorado se aleja de las costas del PLUSC y amenaza revolverse cual tsunami social de magnitud tremebunda y consecuencias imprevisibles. La destrucción masiva podría arrasar instituciones y normas aparentemente inexpugnables. El nefando voto 2003-2771 de los pentarcas sería uno de los socavones generadores del maremoto político que puede venir.

para La República, 9 mayo 2005