De las aguas estancadas a la decadencia sistémica parece deslizarse un país aherrojado por un aparato enquistado en el poder, que muchas veces opera en contra de la ciudadanía. Una triada de recientes denuncias hace hervir la sangre del ciudadano consciente, disconforme con un estado de cosas perverso.

Pagan justos por pecadores. El Banco Federado de Cooperativas de Ahorro y Crédito fue intervenido hace siete años por falta de liquidez. Ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condena al Banco Central a pagar $2,5 millones, más intereses legales, a los acreedores del extinto banco. El diputado Villanueva Monge denunció «el fallo peligroso… La sentencia implica que el Estado deba eventualmente responder en forma objetiva por pérdidas sufridas por inversionistas, sin tomar en cuenta las responsabilidades y condenas penales que existen contra las entidades involucradas en la quiebra. Pueden robarse la plata los dueños o los administradores de los bancos y, aun cuando sean privados, la terminamos por pagar todos los costarricenses. Los bancos privados luchan desde hace tiempo por obtener la garantía estatal». (Acta de la sesión plenaria nº 24, 8.6.05). El fallo, ya apelado, puede ser muy legal, aunque también podría constituir inmoralidad escandalosa.

¿Es delito la resistencia pacífica? Vecinos de Monteverde interpusieron sus cuerpos a una retroexcavadora con el afán de impedir el zanjeo y entubamiento que hacía una empresa para explotar las aguas de una quebrada. La concesión fue suspendida y las autoridades hallaron faltas en los permisos de las obras. Pero 17 monteverdenses siguen bajo medidas cautelares dictadas por un juzgado (¿de derecho o de justicia?), con base en una denuncia penal por motín que podría llevarlos a la cárcel por cuatro años. Los informes de policía confirman que la protesta del 19-20.1.05 fue pacífica. ¿Acaso la acción cívica fue contra la ejecución de una ley, o para obligar a funcionarios públicos a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión? El caso gravita sobre el filo de la navaja en cuanto a derechos humanos. Así como Goya inmortalizó el motín de Esquilache (1766), falta que un pintor fije en el lienzo lo de Monteverde.

Injusticia galopante. La diputada Valerín Rodríguez denunció que en la madrugada del 12 de diciembre pasado, en el estacionamiento de un bar en Santa Ana, «cuatro muchachos bien, violaron a una muchachita de escasos 20 años. El papá, que clama por justicia, escribió: “La semana pasada, el Ministro de Hacienda intentó ayudar a su primo, amigo y empleado… aprovechó para denigrar a mi adorada hija, quien fue víctima de violación por parte del pariente del señor Ministro, en complicidad con el hermano menor de aquel, y dos de sus habituales y violentos compañeros de tortas… El Presidente de la República explica que la niña es nieta de su adorado primo, mi suegro, y que está muy dolido pero no interviene más que para dar su opinión, ni una reprensión al Ministro por su exceso”. ¿Cuál es la ética y la moral de este Gobierno, que deja en su puesto a un funcionario que hace semejantes declaraciones e insulta tan indignamente a una mujer? ¡La injusticia corroe los cimientos de este sistema!». (Acta de la sesión plenaria nº 025, 9.6.05). ¿Por qué los imputados tienen más derechos que las víctimas?

El voto poderoso de los electores puede dar fin a tanta abyección. Precisamente el miércoles, el papa Benedicto XVI criticó a los «prepotentes e inmorales que, engreídos por su éxito y saciados por su bienestar, desafían a Dios violando los derechos de los débiles».

para La República, 20 junio 2005