«Tras que éramos once… y parió la abuela».

Cuando recién comienza a abrirse la posibilidad de un debate ponderado en torno al acuerdo comercial con Estados Unidos, cae como sal en herida abierta la disposición de Washington de sancionar a la democracia costarricense por su participación en la Corte Penal Internacional. La hiperpotencia global pareciera exigir dos medidas, dos raseros, dos leyes: una para sus nacionales o asociados, otra para los demás terrícolas.

Diversas normas legales o presupuestarias, como la American Servicemembers' Protection Act (PL 107–206) o ley para la protección de los soldados de Estados Unidos, contemplan castigos a países que rehúsen suscribir acuerdos bilaterales de inmunidad: suspensión de asistencia policial (entrenamiento, venta de armas y equipos), ayuda a la seguridad, programas sociales y hasta de salud pública.

Se ha informado que los cancilleres del Caricom fueron advertidos sobre la pérdida de beneficios del programa Nuevos Horizontes si no aceptan el acuerdo de inmunidad. Ese programa de ayuda en caso de huracanes y desastres naturales, incluye odontología rural y asistencia veterinaria. Durante las recientes inundaciones en Sixaola, los usamericanos desoyeron una solicitud de helicópteros para ayuda humanitaria. ¿Y si, Dios no lo permita, ocurre un terremoto?

La pretensión es que Costa Rica renuncie a someter a la jurisdicción de la Corte casos de genocidio, crímenes de guerra y otros delitos atroces que involucren a “funcionarios gubernamentales actuales o retirados, empleados (incluidos los contratados), personal militar o nacionales” de Estados Unidos. La Unión Europea combate la posición usamericana y sus diplomáticos hacen lobby sobre tal designio que puede socavar a la Corte. Ya han consentido Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Se han suscrito un centenar de acuerdos de inmunidad, pero hay unos 45 países que constitucionalmente no pueden hacerlo, entre ellos doce latinoamericanos y Sudáfrica. La Casa Amarilla suscribió en 1998 el Estatuto de Roma que creó la Corte y depositó el instrumento de ratificación en 2001. La Corte empezó a trabajar en 2002 con la compatriota Elizabeth Odio Benito como Vicepresidenta.

El presidente Bush tiene potestad legislativa para suspender las sanciones a países que Estados Unidos considere importantes para sus intereses nacionales. Hasta ahora, Costa Rica no ha sido objeto de tal atención presidencial.

«Absolutamente nadie me va a intimidar», ha declarado el nuevo Presidente del Ecuador. El Canciller de México anunció que no darán la exención. Aquí hay un contraste entre la relación con Estados Unidos y el respeto al derecho internacional.

Es desde esta perspectiva que debe verse la poco divulgada visita al Presidente de la República del jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El comandante ha expresado preocupación por el impacto de las sanciones, así como por la peregrinación de políticos costarricenses a Beijing. Se apoya la intercepción del narcotráfico, ¿y cómo se retribuye la ayuda de Costa Rica?

Para ciertos factores usamericanos de poder, El Salvador aparece como la democracia modelo de Centroamérica. La democracia costarricense viene a ser como una matrona respetable mas poco motherna.

Este un dilema prioritario que —más allá del TLC— debe resolverse con entereza y escrupulosidad.

para La República, 5 setiembre 2005