Hay abundancia de anteproyectos para una ley marco de telecomunicaciones y escasez de acuerdos sobre los principales temas a resolver. Se preparan varios proyectos de ley con miras a la modernización del ICE, mas no existe consenso sobre la ruta a seguir. El desorden y la confusión imperan pues hablan muchos sin entenderse.

El anexo 13 del acuerdo comercial negociado con Estados Unidos ("Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Servicios de Telecomunicaciones") especifica que la ley del ICE debió promulgarse antes del 31 de diciembre pasado y el marco regulatorio de telecomunicaciones debería entrar en vigor el 1° de enero próximo.

En cuanto al ICE, la Comisión Especial Mixta feneció sin dictaminar nada. El Poder Ejecutivo encargó la preparación de un nuevo proyecto de ley. El partido que gane en febrero venidero, seguramente tendrá su propio proyecto. Los gremios ciertamente insistirán en el suyo. ¿Será posible fortalecer al ICE en solitario, al margen de las demás instituciones autónomas y corporaciones estatales que prestan servicios públicos, o sin afectar el ámbito de los operadores particulares?

Sobre la ley marco de telecomunicaciones, sin la cual es imposible variar el status quo, se tiene noticia de cuatro anteproyectos en marcha. Uno del Poder Ejecutivo, con apoyo financiero e intelectual del Banco Mundial, que comenzará a ser consultado a fin de año y esperan que esté a punto para Semana Santa. Otro separado que anunció en La Nación la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Un tercero que elaboran un grupo de académicos de las universidades públicas. El cuarto, en que ya trabaja uno de los partidos con opción a la titularidad del próximo gobierno. ¿Habrá un quinto anteproyecto por ahí?

Agréguese al embrollado panorama el voto 11940-05 de la Sala Constitucional —«Racsa… tiene el monopolio de Internet»—, cuya redacción se desconoce aún. En una comisión legislativa podrían dictaminarse pronto unas enmiendas a la Ley de Radio de 1954.

¿Quién liderará el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, el Poder Ejecutivo o un órgano rector nacional? ¿Quién regulará las telecomunicaciones, la Aresep o un ente independiente? ¿Cuáles serán los alcances y modalidades del servicio universal, garante del principio de solidaridad? ¿Cómo podrán competir una institución autónoma, una corporación estatal, empresas particulares de capital nacional o extranjero, cooperativas rurales y empresas municipales? ¿Se respetaran por igual los derechos adquiridos sobre bienes escasos, para operadores particulares y públicos? ¿Y qué de interconexión al costo, interoperabilidad, neutralidad tecnológica, acceso al espectro de frecuencias y canon por su uso, plan de numeración, licencia a operadores actuales para nuevos servicios, términos de transición procedentes y normas de adecuación?

Para que Costa Rica desarrolle y se beneficie de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se requiere la forja de una visión estratégica nacional, que incluya a todos los actores interesados. Si los 57 nuevos diputados reciben tres proyectos sobre el ICE y cuatro sobre el marco regulatorio de las telecomunicaciones, aumentarán el desorden y la confusión.

Por el bien del interés general de la nación, ¿cómo tomar una iniciativa para desatar o cortar el nudo gordiano de esta babélica incoherencia?

(La Nación, 14 octubre 2005)