• Palabras en la presentación del libro Corrupción: más allá de las percepciones, leídas en el Instituto Cultural de México el 10 de agosto de 2006.

Honda tristeza y desánimo cívico se palpan en los más diversos ámbitos de la sociedad, por los graves hechos de descomposición que acusan transgresiones perpetradas al socaire de bien remunerados puestos de gobierno. Pareciera que el cuerpo social de la nación está infeccionado y que el pus salta por doquiera entra el bisturí. Un puñado de políticos y de gobernantes infieles –de esos que echan la conciencia en un gangoche y salen a ver qué queda por saquear–, pone en entredicho la nombradía de una administración, enervan la legitimidad de las instituciones, y atentan contra la democracia, el orden ético y la justicia.

En vez de lamentar tan funesto estado de cosas, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina –nuestro necesario y cada vez más respetado CEDAL– pone manos a la obra, convoca a académicos, alcaldes, educadores, empresarios, periodistas, políticos, sacerdotes y sindicalistas a reflexionar sobre la corrupción, y nos entrega ahora el libro Corrupción: más allá de las percepciones. La iniciativa misma evidencia que la corrupción nos concierne a todos, a la sociedad civil y no solo al denominado sector público. Buena labor de don Marcos Arroyo y don Juan Manuel Villasuso en la conducción de los foros; magnífica faena la de don Francisco Flores Zúñiga en el ordenamiento de preocupaciones, pensamientos y propuestas; sustantivos los ensayos de doña Ana Lucía Hernández, doña Cristina Rojas, don Max Alberto Esquivel, así como de los señores Arroyo y Villasuso.

La probidad se empequeñece ante el avance de un estilo de vida que mide el éxito por la rápida acumulación individual de bienes. La rectitud asimilada en el hogar, la escuela y la iglesia, es dejada de lado ante las prebendas, el lujo y la ostentación. El temor a la ley parece achicarse ante conveniencias políticas y tentaciones materialistas. El cultivo y el rescate de valores alcanzan a la niñez y a la juventud, pero los adultos malhechores deben pagar caro sus iniquidades: es forzoso erradicar la impunidad.

Cuatro aspectos llaman la atención en la obra, especialmente en las opiniones recogidas de los sectores sociales consultados.

1. La ausencia de un entendimiento ampliamente compartido de la corrupción. Falta una definición básica que sea aceptada, comprendida y adoptada por la mayoría de las personas. Pareciera ser que, para los más al menos, corrupción es lo que las empresas de comunicación dicen que es. Esta es una aberración ominosa. La ética y la moral no pueden quedar en las manos solas de los que explotan comercialmente la libertad, sin que adquieran en contrapartida, de manera pública y vinculante, la responsabilidad consiguiente. La escuela y la iglesia pueden darse la mano para actuar de conjunto en la superación de esta falencia.

2. La corrupción parece ser concebida como un fenómeno exógeno, que no alcanza a gremios, sectores o grupos a los que estamos adscritos. ¿Hay corrupción en la academia, en la alcaldía, en la escuela, en la empresa, en la prensa, en el partido, en la iglesia, en el gremio? Esta manera de entender la corrupción es como un reality show que acontece allá, lejos de nosotros. En otras democracias, la estadounidense por ejemplo, las empresas de comunicación denuncian hechos corruptos en el mundo de la política pero, principalmente, en la esfera de los negocios: ¿no habrá aquí una Enron, una WorldCom, una Tyco International? ¿Es acaso Costa Rica un paraíso de la integridad privada y un infierno de la corrupción pública?

3. Parece existir una creencia laxa de que los valores permanecen incólumes pero que los tiempos cambian y, en consecuencia, la vigencia y el vigor de los valores se relativizan. Pídase a un dirigente que enuncie y explique cinco valores éticos indispensables para una convivencia social sana, y seguramente trastabillará pronto. ¿Hay en los sectores consultados códigos de ética y sistemas de aprendizaje para cultivar los valores y su aplicación práctica en la hora actual? Unas cuantas empresas de comunicación, por el contrario, promueven una legislación deletérea favorable a la mal llamada “reproducción fiel”: si se reprodujese fielmente una falsedad publicada en otro periódico, no habría responsabilidad exigible. Para algunos, la sola mención del artículo 46 constitucional con su garantía del derecho a recibir información adecuada y veraz, es como mostrar la cruz al diablo –¡Vade retro, Satanás!–.

4. Pareciera que los sectores consultados no participan en ninguna iniciativa nacional para contener la corrupción. Algún académico dirá que las universidades públicas marcharon por las calles capitalinas en manifestación de rechazo a la corrupción, pero ¿qué sucedió luego? ¿Dónde están las propuestas de la academia contra la corrupción? ¿Dónde los análisis comparativos y las acciones recomendadas a la sociedad? La corrupción es un mal sistémico, que requiere respuestas múltiples.

Se necesita una Estrategia Nacional contra la Corrupción a objeto de frenar la creciente utilización de normas y costumbres, legal o institucionalmente reconocidas, para usufructuar del patrimonio colectivo en beneficio propio o del grupo social, político o económico al cual se pertenece –aún cuando el daño inflingido no sea siempre visible de manera clara, o incluso no se identifique como un acto negativo o perjudicial–. Hacen falta mayor transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, nuevas figuras jurídicas (tráfico de influencias, regalías espléndidas, enriquecimiento ilícito), y penalizar al que participe en la elaboración de una licitación y pase a trabajar para el adjudicatario. Hay que atajar el escandaloso tránsito exprés de directores y ejecutivos de la banca y las finanzas particulares, a la banca y las finanzas públicas, y viceversa –el día que se conozca la verdad de ciertos “enriquecimientos milagrosos”, cambiará la valoración de determinadas personas y de ciertas organizaciones–. La Internet es idónea a fin de transparentar la administración pública al poner en red los carteles licitatorios y su trámite, los presupuestos y su liquidación, un Código de Normas de Conducta del Servidor Público, y abrir un buzón de denuncias ciudadanas. Es preciso crear una nueva cultura de la acción pública, una conciencia ética en el servidor y el político para que conozcan, comprendan y acojan como propias, las reglas técnicas y morales que rigen su función.

Se percibe un vacío en la conducción de la república. Franklin D. Roosevelt definió la presidencia como el ejercicio de un liderato moral: el más alto ejemplo en todo. En el Perú, su nuevo presidente se rebaja el salario en dos tercios para demostrar el compromiso con la austeridad; en un país de cuyo nombre duele acordarse por el desaforado galope de la inequidad, el nuevo ocupante del solio presidencial se auto aumenta el salario en 42%, incluido un premio por dedicación exclusiva aunque carezca de oficio conocido.

«Toda corrupción viene de arriba. Es pretexto pueril de quienes dan el tono, fingir que solo siguen el compás», expresó don Pepe Figueres en uno de sus momentos de grandeza. «En las virtudes cívicas, las personas responden al estímulo: si ennoblecedor, se yerguen; si enervador, se postran; si corruptor, se prostituyen».